La Defensoría del Pueblo exigió una exhaustiva investigación y sanción ejemplar a los responsables de la muerte del suboficial Alberto Vásquez Durand, atacado por una turba durante las protestas contra el proyecto minero Tía María en Islay, en la región Arequipa.
A través de su cuenta oficial en Twitter, la Defensoría del Pueblo manifestó sus más sentidas condolencias a los familiares del fallecido agente policial.
Alberto Vásquez Durand dejó de existir en Arequipa, tras permanecer hospitalizado a consecuencia de las graves lesiones que le causó un grupo de manifestantes, cuando intentaba restablecer el orden en una vía bloqueada.
Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo en Islay, dijo que hay una situación de grave afectación a los derechos fundamentales, un primer punto que se debe tomar en cuenta con el fin de diseñar estrategia de pacificación.
«No es posible avanzar en el proceso de diálogo ni resolver el problema de fondo si antes no resolvemos problema de la violencia actual. Tenemos ya la muertes de dos civiles y de un policía», advitió a una radio local.
Deploró, en ese sentido, el rechazo a dialogar por parte de las autoridades locales de Islay y dirigentes que aseguran representar a los agricultores en su rechazo al proyecto Tía María.
Según recordó, cuatro alcaldes y dos dirigentes les remitieron dos cartas solicitando gestionar el diálogo, algo a lo que se mostró favorable la Defensoría del Pueblo y encontrando disposición del Gobierno.
Sin embargo, agregó Rolando Luque, cuando se produjo la reunión hubo una declaración unilateral de los dirigentes y alcaldes respecto a que la mina se debía irse de todas maneras, lo que sorprendió a los asistentes.
La voluntad de dialogar significa escuchar y debatir, en este caso, el estudio de impacto ambiental del proyecto pero no se alcanzó nada porque los alcaldes y dirigentes abandonaron la reunión, sostuvo Rolando Luque.
Foto Andina.