PANAMÁ.- La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo de Panamá de Transparencia Internacional (TI), criticó este viernes a la justicia panameña por cerrar el tiempo de investigación de los sobornos de Odebrecht, que ha sido «el mayor esquema de corrupción en la historia del país».
Un tribunal superior negó el pasado 2 de agosto al Ministerio Público una nueva extensión del tiempo para seguir la investigación de Odebrecht, en el que hay decenas de imputados, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
El Segundo Tribunal Superior de Justicia ya le había concedido a la Fiscalía una prórroga de un año en abril del 2018 para entregar el expediente (vista fiscal), pese a la negativa inicial de otro juzgado, resaltó al Órgano Judicial la semana pasada.
En un pronunciamiento público este viernes, el capítulo de TI en Panamá valoró que decisiones como esa ponen en entredicho tanto al Ministerio Público como al Órgano Judicial, y arrojan un «balance negativo» de sus actuaciones en los múltiples casos de corrupción para los cuales se abrieron causas y crearon un breve periodo de esperanza en la ciudadanía.
«Ese balance negativo, que incluye sobreseimientos inexplicables, anulaciones de pruebas, jueces interinos con historiales nefastos y otros, se corona con la decisión del Segundo Tribunal Superior de cerrar el tiempo de investigación del mayor esquema de corrupción en la historia del país: la actividad criminal de la empresa Odebrecht en Panamá», indicó TI.
La organización advirtió del peligro de que con esta decisión, que «cuestionamos y denunciamos», la corrupción «contraataque» y que «la impunidad» sea su arma.
A juicio de la ONG la ciudadanía «merece y quiere ver a un Ministerio Público «proactivo, valiente e independiente», por lo cual sugiere a la entidad «agotar la última instancia ante la Corte Suprema de Justicia y abrir nuevas causas a todos los sujetos involucrados en los esquemas corruptos y corruptores de Odebrecht«.
Las nuevas causas deben incluir las tres últimas administraciones gubernamentales y la multiplicidad de contrataciones que suman alrededor de 10 mil millones de dólares, resaltó.
También señaló que nada impide que estas investigaciones sean abiertas en base a las nuevas pruebas, tanto las obtenidas por las asistencias judiciales como las provistas por los periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y las que han surgido en otras jurisdicciones de la región, que no estuvieron incluidas en la causa acumulada y sobre las cuales no se puede alegar el fenómeno de doble juzgamiento.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, reveló en junio pasado que la trama de corrupción de Odebrecht alcanzó a enormes proyectos de obras públicas no mencionados hasta la fecha en República Dominicana, Perú, Ecuador y Venezuela, entre otros.
En el caso de Panamá, donde la constructora fue durante años el principal contratista del Estado, destacan supuestos pagos de más de 18 millones de dólares en la primera línea de metro de la capital o más de 7 millones en la ampliación de Tocumen, el principal aeropuerto del país.
El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre del 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales 59 millones fueron en Panamá.
La Justicia panameña validó un año después el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.
TI Panamá planteó al Ministerio Público revisar los acuerdos de colaboración con Odebrecht, «que deben perder vigencia jurídica habida cuenta la información falsa u omitida por la empresa y sus ejecutivos, y dado que el acuerdo no ha dado el resultado que lo motivó: recuperar lo robado, conocer toda la verdad del mecanismo y la identidad de todos los funcionarios públicos involucrados».
Además, TI recomendó a la Fiscalía que revele todo el contenido de las investigaciones y que «haga su alianza con la ciudadanía, no con los infractores».
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