El Tribunal Constitucional de Perú (TC) rechazó un recurso que pedía que el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos, salga de prisión y pueda cumplir su sentencia en una casa en una provincia de Lima.
El exmandatario (1990-2000) está recluido en la prisión de Barbadillo, al este de Lima, en un ambiente exclusivamente construido para él, con servicio médico permanente y visitas de sus familiares y conocidos.
No obstante, con la llegada de la pandemia de la covid-19, sus hijos han presentado recursos ante la Corte Superior de Justicia de Lima y el TC para lograr la excarcelación de Fujimori, de 82 años, por el riesgo de un contagio.
Después de que la Corte Superior declaró infundada la demanda de hábeas corpus a favor de Fujimori, sus hijos Sachie y Hiro presentaron un recurso de agravio constitucional contra esta resolución ante el Tribunal Constitucional.
El argumento de la defensa es que Fujimori «es una persona de avanzada edad que presenta diversas enfermedades crónicas y que el establecimiento penitenciario en el que se encuentra recluido no puede eliminar totalmente la amenaza de contagio de la covid-19», según informó el portal de La República.
La familia del exgobernante pidió su traslado al fundo agrícola Pampa Bonita, ubicado en la provincia de Sayán, propiedad de sus hijos, y que debido a encontrarse en el campo está libre de contagio del virus, sostuvo el recurso legal.
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Fujimori ha sido siempre un amante de la vida en la naturaleza y entre sus aficiones figuraban la pesca y el cultivo de plantas ornamentales.
Sin embargo, actualmente el expresidente afronta un proceso judicial por las esterilizaciones forzosas aplicadas durante su segundo periodo en el Gobierno (1995-2000), después de la denuncia de 1.300 mujeres que reportaron lesiones y de los deudos de otras cinco mujeres que fallecieron por complicaciones en las cirugías de ligaduras de trompas.
El Tribunal Constitucional sostuvo en su resolución, fechada el pasado 12 de febrero, que el recurso de agravio no está referido a una cuestión de derecho de especial trascendencia constitucional porque se trata de un asunto «que no corresponde resolver en la vía constitucional», según citó La República.
Los hechos denunciados se relacionan con asuntos que le corresponden exclusivamente a la judicatura ordinaria valorar y resolver, agregó el TC, los cuales son que cumpla su condena en un nuevo domicilio.
La hija mayor de Fujimori, Keiko Fujimori, es procesada actualmente por presunto lavado de activos, por los aportes recibidos de varias empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht, a sus campañas electorales previas, e igualmente es candidata presidencial a los comicios generales del próximo 11 de abril.
EFE