Un tribunal supremo dejó hoy «al voto» la decisión de excluir al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del proceso que se sigue por una matanza cometida en 1992, tras haber sido indultado y recibido el derecho de gracia presidencial el pasado 24 de diciembre.
El Colegiado B de la Sala Penal Nacional, presidido por la jueza Miluska Cano López, e integrado por Otto Verapinto y Omar Pimentel, informó que anunciará su fallo en el plazo que indica la ley, establecido en un máximo de 15 días.
El tribunal realizó hoy la audiencia de control de acusación del caso Pativilca-Caraqueño «referido al asesinato de 6 personas en la provincia de Barranca, en 1992, presuntamente por el grupo Colina«.
La decisión implica la revisión del derecho de gracia que otorgó el presidente Pedro Pablo Kucyznski a Fujimori, que estableció que el exmandatario no puede ser procesado en otras denuncias e investigaciones tras el indulto que se le otorgó.
El tribunal deberá decidir si aplica el derecho otorgado por Kuczynski o acepta el pedido de la Fiscalía y la defensa de los familiares de las víctimas, que solicitan que la gracia se declare inconstitucional e inaplicable en este caso.
Durante la audiencia de hoy, el fiscal Luis Landa señaló que la decisión de Kuczynski ha desnaturalizado el derecho de gracia, porque no estuvo motivada ni justificada.
«El presidente debe explicar las razones» de su medida, enfatizó el fiscal antes de asegurar que el «pedido de gracia se otorgó fuera del plazo» que establece la ley y su resolución «no cumple con los estándares» obligatorios.
La abogada de los familiares de las víctimas, Gloria Cano, aseguró, a su turno, que «se quiere encubrir a Fujimori» y enfatizó que su país ha sido respetuoso de los tratados internacionales porque no juzgó al exmandatario por este caso mientras no se amplió la extradición desde Chile.
El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, sostuvo, a su turno que no existe ninguna resolución internacional que impida aplicar la gracia presidencial y rechazó las críticas que se hacen a la supuesta «prontitud del indulto».
Pérez Arroyo remarcó en una supuesta «falta de debida motivación» en la acusación, así como una incorrecta aplicación de la normativa internacional sobre delitos de lesa humanidad, por lo que pidió que la acusación sea archivada.
A su turno, el procurador César Romero también defendió la decisión de Kuczynski y dijo que «no puede ser inconstitucional este derecho de gracia e indulto».
Fujimori, de 79 años, es acusado de ser el autor mediato (con dominio del hecho) del secuestro, tortura y asesinato de seis personas en el distrito de Pativilca, a 183 kilómetros de Lima.
La justicia chilena, que extraditó a Fujimori en 2007, amplió en 2015 esa medida a este caso, a pedido de la justicia peruana, que en 2009 había condenado al exgobernante a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, también cometidas por el grupo Colina.
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