MADRID (España).- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha reclamado regular «sin demora» las redes sociales para combatir la desinformación, protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión y los derechos humanos.
Así lo refleja el organismo de la Naciones Unidas en su plan de acción para regular las redes sociales, presentado este lunes por su directora general, Audrey Azoulay, quien ha alertado sobre la intensificación de la desinformación y el discurso de odio en línea, que constituyen «amenazas importantes para la vida en sociedad y la estabilidad».
Azoulay ha dado a conocer el plan de acción de la UNESCO para poner fin a la desinformación y el discurso de odio en las redes sociales, fruto de una amplia consulta mundial y respaldado por una encuesta de opinión global que subraya la urgencia de actuar.
Para la directora general de la UNESCO, la liberación de la palabra a través de la tecnología digital «ha representado un inmenso progreso». «Pero las redes sociales también han acelerado y amplificado la difusión de información falsa y la incitación al odio, lo que plantea graves riesgos para la sociedad, la paz y la estabilidad», ha avisado.
El plan de acción de la UNESCO es el resultado de un proceso de consulta con más de 10,000 contribuciones de 134 países recogidas a lo largo de los últimos 18 meses. En 40 páginas, detalla los principios que deben respetarse y las medidas concretas que deben aplicar todas las partes interesadas: gobiernos, autoridades reguladoras, sociedad civil y las propias plataformas.
Los representantes de los reguladores independientes ya han acogido favorablemente la iniciativa de la UNESCO, y varios de ellos –sobre todo en África y América Latina– han indicado que están dispuestos a empezar a aplicar estas medidas. Con este fin, la UNESCO organizará la primera Conferencia Mundial de Reguladores a mediados del 2024.
La organización también apoyará a sus Estados Miembros en la transposición de este plan de acción a sus leyes y reglamentos. Para ello está movilizando una financiación específica, que ya cuenta con el apoyo de 1 millón de euros de la Comisión Europea.
En concreto, la UNESCO defiende que el impacto sobre los derechos humanos es la brújula para la toma de decisiones en cada etapa por todas las partes interesadas; en todas partes del mundo se establezcan reguladores independientes y públicos, con un papel claramente definido y recursos suficientes para llevar a cabo su misión; y que estos reguladores independientes trabajan en red y en estrecha coordinación, para evitar que las empresas digitales se aprovechen de las disparidades regulatorias entre los países.
Asimismo, apuesta por que la moderación de contenidos sea posible y eficaz a la escala adecuada, en todas las regiones y en todas las lenguas; que se establezcan la responsabilidad y la transparencia en los algoritmos, cuya mecánica se basa con demasiada frecuencia en provocar exageraciones en detrimento de la fiabilidad; que las plataformas tomen más iniciativas para educar y formar a los usuarios en el pensamiento crítico; y que los reguladores y las plataformas tomen medidas más contundentes en las situaciones más delicadas, especialmente durante las elecciones y las crisis.
Preservar la libertad de expresión y todos los DDHH
«Hay un requisito cardinal que ha guiado nuestro trabajo, el de preservar siempre la libertad de expresión y todos los demás derechos humanos. Coartar o restringir la libertad de expresión sería una solución terrible. Los medios de comunicación y las herramientas de información libres, de calidad e independientes son la mejor respuesta a largo plazo a la desinformación», abogó también la directora general de la UNESCO.
En particular, el organismo señala que las plataformas deben contar con equipos de moderadores cualificados, en número suficiente y que hablen todas las lenguas principales de sus redes sociales, para que puedan llevar a cabo un control fiable y eficaz de los contenidos publicados en línea.
También deben garantizar la transparencia del proceso de moderación, incluso cuando esté automatizado mediante algoritmos; y deben facilitar su uso, en todas las lenguas principales del país en el que operan, e informar sobre las denuncias y quejas de los usuarios.
Respecto a las medidas necesarias para garantizar la integridad electoral, pide una imagen de marca clara y una mayor transparencia de la publicidad política y su orientación.
También se incluyeron elementos específicos para el sector cultural, destacando los riesgos a los que se enfrentan los artistas y la necesidad de acceso en línea a «contenidos culturales diversos» como un derecho humano fundamental que debe salvaguardarse.
Fuente y foto Europa Press