CARACAS (Venezuela).- El gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, fue inhabilitado por 15 años para el ejercicio de funciones públicas por aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto del año 2013, informó hoy el propio dirigente opositor.
Según la resolución, difundida por Capriles a los medios, la Contraloría General venezolana «declaró la responsabilidad administrativa» del dos veces candidato a la presidencia luego de haber celebrado tres convenios con las embajadas de Polonia y el Reino Unido que el gobernador registró donaciones.
Con la celebración de estos convenios la gobernación de Miranda adelantó «la creación de páginas web», acondicionó canchas deportivas y lanzó el proyecto «promotores por la paz escolar».
Los acuerdos fueron firmados en el 2010 y 2011 y dejaron a la gobernación de Miranda ingresos extraordinarios por 96,630.05 bolívares, que fueron reflejados en el presupuesto como «donaciones y subvenciones».
Con este último acto, según la Contraloría se violó el artículo 150 de la Constitución venezolana, puesto que los convenios no recibieron la aprobación del Parlamento nacional, que en ese momento controlaba el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Asimismo, la Contraloría inhabilita a Capriles por «haber actuado de manera negligente» al no presentar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2013 ante el Consejo Legislativo de ese estado.
El presupuesto fue luego «reconducido», pero este proceso no se explica, según la resolución.
Además, se le cuestionan a Capriles tres contrataciones en las que omitió, de acuerdo con la Contraloría, el procedimiento legal de licitaciones.
Uno de estos contratos fue firmado en junio del 2011 por la directora de comunicaciones de la gobernación, y no por el propio Capriles, por 3’360,000 bolívares.
De este monto, solo llegaron a cancelarse 2’370,954 bolívares y no se especifica en la resolución a que órgano o institución estaban dirigidos los fondos.
Otro contrato estableció en septiembre de 2011 el pago de 448,000 bolívares a un órgano o empresa que no se menciona y el último de los contratos cerró un acuerdo para ofrecer servicios funerarios a empleados de la gobernación mirandina.
El dinero desembolsado por este último convenio, que fue firmado en junio del 2011, no fue informado en la resolución.
Todos estos contratos se efectuaron «bajo la modalidad de contratación directa», y se omitió, de acuerdo con la Contraloría, el procedimiento de selección de contratistas.
La resolución está firmada por el Contralor General, Manuel Galindo, con fecha de ayer, aunque en la comunicación a Capriles se puede leer la fecha de hoy, en que se presume fue entregada al gobernador opositor.
Luego de calificar estas faltas, la Contraloría resolvió la inhabilitación de Capriles por 15 años, «lo que supone la ruptura o disolución» inmediata de su vínculo laboral con la gobernación.
También fue multado con 662.50 unidades tributarias o 43,062 bolívares (60.48 dólares a la tasa de cambio más alta).
El opositor tiene un lapso de 15 días para recurrir la sentencia de inhabilitación.
Capriles respondió hoy a la inhabilitación asegurando en un acto público que seguirá siendo el gobernador «hasta que el pueblo de Miranda elija» uno nuevo, y adelantó que recorrerá el país.