CARACAS (Venezuela).- El presidente venezolano Nicolás Maduro, anunció hoy que la preventa de la criptomoneda petro alcanzó más de US$ 5,000 millones en compradores de 133 países en los 30 días en las que estuvo activa y que finalizaron ayer.
«Se recibieron oficialmente 200,927 ofertas de intención de compra de 133 países por un monto inicial de US$ 5,025 millones» en el mes de preventa, informó Maduro en el acto de presentación de resultados en el palacio de Miraflores transmitido por el canal estatal VTV.
Reveló que los ofertantes «principales» son de Venezuela, Colombia, España, EEUU, México, Argentina, Perú, Turquía, Alemania, Rusia, Brasil, Italia, Chile, China y Ecuador, «entre otros países».
Maduro explicó además que la demanda llegó tanto de «empresas privadas, grandes, medianas, pequeñas como ofertantes de compras individuales».
«Puedo decir que han sido altamente positivos estos 30 días del periodo de preventa, nos dicen que el mundo del petro ha nacido con fuerza», sostuvo, y aseguró que aspira a que su país crezca monetaria y financieramente a través de esta moneda.
Pidió al mundo «respeto» por la decisión de poner en marcha esta criptomoneda y defendió que desde Venezuela no se meten «en las iniciativas financieras de otros países, sean potencia o no».
«¿Por qué Venezuela tiene que ser perseguida por tratar de crear una fuente de financiamiento para su desarrollo?», añadió antes de dirigirse a EEUU.
«Le pregunto esto a EEUU: ¿por qué nos tienen que perseguir?», agregó.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el lunes nuevas sanciones económicas contra Venezuela al prohibir cualquier transacción con el petro mediante una orden ejecutiva.
Con este documento Trump prohibió «todas las transacciones» vinculadas al sistema financiero estadounidense «con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero del 2018».
El máximo mandatario estadounidense, según se explica en el texto, tomó esta decisión «a la luz de las recientes medidas adoptadas por el régimen de Maduro para intentar eludir las sanciones» estadounidenses previamente impuestas, en un proceso que «la Asamblea Nacional elegida democráticamente por Venezuela ha denunciado como ilegal».
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