GINEBRA.- La delegación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos criticó hoy el informe presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet sobre la situación en el país, que consideró parcial y lleno de graves errores metodológicos.
El documento «está dominado por una visión selectiva y parcial, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos», subrayó el viceministro venezolano de Asuntos Exteriores, William Castillo, en su réplica al informe presentado por la alta Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos que dirige Bachelet.
«Usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país», añadió el diplomático en alusión al viaje que la expresidenta chilena hizo a Venezuela el mes pasado.
Castillo argumentó sus críticas en el hecho de que de las 558 entrevistas realizadas para la elaboración de su informe, 460 tuvieron lugar fuera de Venezuela (según Bachelet explicó previamente, con migrantes y refugiados venezolanos actualmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España).
Además, el documento «ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo», añadió el viceministro, quien exigió una «corrección de su contenido».
El informe -cuya publicación coincide con la celebración del Día Nacional de Venezuela, como recordó Castillo- insta al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con «las graves vulneraciones de derechos» en el país.
Entre otras cosas, el documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno» con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos.
Documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
El viceministro señaló al respecto que «Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales».
«Se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen serios riesgos a la seguridad nacional, planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre entre la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el presidente (estadounidense) Donald Trump», defendió.
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