Las víctimas de la represión a las movilizaciones de protesta en Lima, que fallecieron por perdigones, quedaron gravemente heridas o fueron retenidas, se volverán a enfrentar nuevamente a la Policía y a las autoridades peruanas, pero esta vez ante los tribunales de Justicia.
Las investigaciones por la represión policial del pasado sábado en Lima ya están en curso de la mano de la Fiscalía, cuya misión fundamental será encontrar «las órdenes que se dieron para actuar de esta manera», explicó a Efe el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo.
Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de dos manifestantes, Inti Sotelo y Jack Brian Pintado, asesinados por disparos de arma de fuego, y hay nueve heridos graves que, según Jugo, «con seguridad ya han sido denunciados y esos casos van a continuar».
Además, al menos uno de los 77 desaparecidos que la CNDDHH reportó como tal horas después de la marcha del sábado, Luis Fernando Araujo, denunció tras reaparecer que estuvo retenido contra su voluntad hasta el martes por un equipo especial de la Policía denominado Terna, que actúa de civil y que tuvo un papel central en la represión ciudadana.
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«Hay otras versiones que están comprobándose, pero esa (la de Araujo) es quizás la de mayor tiempo (tres días) y que puede ser la que tenga mayor verosimilitud», indicó Jugo.
El abogado añadió que también «hemos encontrado varios casos de personas con pánico, con una situación psicológica de bastante alteración, y ellos tienden a dar manifestaciones en ese sentido de que la policía les perseguía y que ‘si llegaba a mi casa, iban a detener a mis papás también'».
ENCUBRIMIENTO DE HECHOS
El letrado, que ha defendido otros casos de violación de los derechos humanos en el país, afirmó que «el tema de la investigación siempre es un riesgo porque, obviamente, encubren los hechos».
«En este momento, los responsables directos no tienen ningún tipo de apremio legal, entonces pueden estar ocultando pruebas», indicó, en referencia al tipo de perdigones utilizados para contener la manifestación en las inmediaciones del Congreso.
La Policía ha negado haber utilizado los perdigones de plomo que causaron la muerte de Sotelo y Pintado y más bien señaló que son un tipo de munición que se puede comprar libremente para realizar la caza deportiva.
Sin embargo, Jugo recordó que «ese es un argumento de defensa ya conocido y que no es sostenible», pues han ocurrido hechos similares en otras protestas en el interior del país.
El problema es que «hay un conjunto de casos (similares) y, hasta ahora, no se ha podido ganar un caso de esa naturaleza (contra la Policía Nacional), porque siempre hay un interés de ‘proteger’ a verdaderas personas que han cometido delitos».
VOLVIERON A SUS CASAS
Transcurridos cuatro días después de la multitudinaria manifestación del sábado, cuya represión forzó la renuncia del presidente Manuel Merino al día siguiente, el letrado afirmó que «ya no hay ninguna persona que esté en esa condición (de desaparecida)», pues la mayoría retornaron a sus casas, algunos después de estar escondidos unas horas y otros fueron localizados en los hospitales con lesiones.
En una rueda de prensa en la sede de la CNDDHH, el abogado de la familia de Jack Bryan Pintado, Jimmy Sotomayor, denunció que efectivos de la Policía quisieron participar en la necropsia y luego se acercaron al velatorio de la víctima, que murió al recibir diez perdigones en el cuerpo, en actitud intimidante.
«La defensa pide investigar a la Policía Nacional del Perú, a quien elaboró el plan, a quien lo aprobó y a quienes lo ejecutaron», manifestó Sotomayor.
PIDEN RENUNCIAS
En tanto, el abogado de la familia de Inti Sotelo, Walter Matos, dijo que «la Fiscalía está colaborando (en la investigación), esperemos que la Policía Nacional también haga lo mismo», dado que «estamos denunciando un homicidio y queremos probar el ensañamiento contra Inti», quien falleció por cuatro proyectiles en el tórax.
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«Demandamos al Estado peruano que retire al director general de la policía, así como al jefe de la séptima región policial. El comando de la Policía debe dar un paso al costado, si ellos continúan, la vida de los jóvenes seguirá en peligro», expresó Matos.
En la rueda de prensa también participó la abogada de Araujo, Rocío Meza, quien indicó que el joven informó que fue capturado por efectivos del grupo policial Terna, quienes le taparon los ojos y lo subieron a un auto con rumbo desconocido.
La abogada remarcó que «es necesario dar garantía a los jóvenes que han aparecido. Luis Fernando es valiente, como su generación, y habló».
En opinión de Meza, el grupo Terna debe ser desactivado, es una fuerza para realizar delitos como la desaparición, secuestro y tortura».
El secretario ejecutivo de la CNDDHH, Tito Bracamonte, anunció que los organismos de derechos humanos reunidos en la coordinadora van a «pelear por justicia y a buscar sanción para los responsables políticos: (el renunciante expresidente) Manuel Merino y (su exprimer ministro) Antero Flores-Aráoz».
EFE