La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) centra las principales esperanzas de los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado el expresidente Alberto Fujimori para anular el indulto que la pasada Nochebuena le concedió el actual gobernante, Pedro Pablo Kuczynski.
En una rueda de prensa en la que estuvieron acompañados por las cuatro organizaciones que los asesoran legalmente, los parientes de las víctimas anunciaron que buscarán tanto en el sistema jurídico peruano como en la CorteIDH un fallo que devuelva a Fujimori a prisión.
Gisela Ortiz (c) y otros familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado el expresidente Alberto Fujimori explican en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Lima (Perú), sobre sus acciones para denunciar la ilegalidad del indulto otorgado a Fujimori hace unos días por el presidente Kuczynski. EFE/Ernesto Arias
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, quien representa a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, aseguró que existen suficientes elementos para dejar sin efecto la libertad de Fujimori.
Según Rivera, la primera irregularidad es que se trata de un indulto de carácter político y no humanitario, como se argumentaba en la resolución firmada por Kuczynski, que aludía al estado de salud de Fujimori.
El letrado acusó a Kuczynski de alcanzar un acuerdo político con Fujimori para darle la libertad solo tres días después de salvarse de ser destituido por el Congreso, gracias a la abstención de un pequeño sector del fujimorismo liderado por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, que le pidió el indulto.
Rivera también destacó la inusitada velocidad con la que se tramitó el indulto, en apenas trece días, cuando la anterior solicitud tardó nueve meses en ser resuelta por el entonces presidente Ollanta Humala, quien en 2013 le denegó la libertad.
EFE / Ernesto Arias
Asimismo, criticó la falta de transparencia en el proceso y acusó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la primera ministra, Mercedes Aráoz, de ocultarlo y negarlo el jueves 21, día en el que se votaba en el parlamento la moción de destitución de Kuczynski, cuando el documento ya estaba en esas instancias.
Por su parte, el director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velasco, destacó que la principal irregularidad del indulto es uno de los miembros de la junta médica que recomendó liberar a Fujimori es médico de cabecera del expresidente, lo que incurre en un conflicto de intereses.
El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Christian Huaylinos, anunció que solicitarán a la Sala Penal Nacional que declare inconstitucional el indulto, pues está acompañado de una gracia presidencial para que Fujimori se libre de ser juzgado por el caso Pativilca, otra matanza donde murieron seis campesinos en 1992.
Asimismo, la abogada de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Diana Coz, afirmó que el documento publicado en la Nochebuena está «viciado de nulidad» y recordó que «el indulto no es una prerrogativa del presidente absolutamente discrecional» porque existen unas condiciones y procedimientos regulados.
Según la junta médica que evaluó a Fujimori, el expresidente tiene una enfermedad grave no terminal, degenerativa e incurable que se agrava en prisión, aunque en el documento no se especificó cuál es esta dolencia.
Fujimori permanecerá todavía unos días más hospitalizado en una clínica de Lima, desde donde este lunes pidió perdón «a todos los peruanos que se sintieron defraudados» durante su mandato (1990-2000), lo que fue rechazado por las víctimas al considerar que el indulto favorece la impunidad, y con ella no puede haber reconciliación.
Mientras tanto, el anuncio del polémico indulto sigue pasando factura a Kuczynski, pues el ministro de Cultura, Salvador Del Solar, anunció su renuncia, y es el segundo ministro en dimitir tras haberlo hecho ya el de Interior, Carlos Basombrío.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, además de por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
EFE
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