El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, anunció que en los últimos seis meses han presentado 20 denuncias constitucionales contra diversos altos funcionarios del Estado o aforados.
El titular del Ministerio Público explicó que la gran mayoría de estas denuncias corresponden a congresistas, ministros y jueces.
Entre los presuntos delitos por los que se han presentado estas denuncias están el de tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, además de concusión.
Esta última figura, indicó, corresponde a cinco denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía contra igual número de congresistas acusados por presunto recorte de sueldos en perjuicio de sus trabajadores.
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“Y tenemos otras investigaciones más y seguimos avanzando. Terminan las investigaciones y tenemos que pronunciarnos, si corresponde presentar una denuncia constitucional, lo vamos a hacer. Y si corresponde archivar, objetivamente también lo vamos a hacer”, mencionó Juan Carlos Villena al dominical Punto Final.
Denuncia contra presidenta
De otro lado, el fiscal de la Nación se pronunció sobre la denuncia constitucional presentada en contra de la presidenta Dina Boluarte por el Caso Rolex que ha motivado una demanda competencial por parte del Ejecutivo.
Al respecto, indicó que, en la resolución judicial mediante la cual se ordenó el allanamiento a la jefa de Estado, el juez supremo establece que un presidente en funciones sí puede ser investigado preliminarmente y que el referido artículo de la Carta Magna limitaba, más bien, la facultad del Parlamento de acusar a un jefe de Estado.
“Qué quiere decir esto, que quien está limitado por el artículo 117 es el Congreso de la República, porque el Congreso de la República es quien emite una resolución acusatoria. Lo que hemos hecho nosotros, el Ministerio Público, es presentar una denuncia constitucional”, mencionó el alto funcionario.
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Sostuvo que el Parlamento no puede acusar a la presidenta y lo único que puede hacer en este momento es admitir a trámite la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y reservarla hasta el término de su mandato.
“Concluido su periodo, recién comenzará el trámite (de la denuncia constitucional). Nosotros tenemos que cumplir con investigar, porque estamos autorizados a investigar y luego a concluir”, afirmó Juan Carlos Villena Campana.
Foto Andina