Tanto el Ejecutivo como el Congreso están incumpliendo el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sostuvo Yván Montoya, exintegrante de la Procuraduría Ad hoc, al referirse a la decisión del Gobierno de no observar la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, conocida como ley de amnistía.
“No lo han hecho, y tanto el Congreso como el Ejecutivo están en un incumplimiento de nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones internacionales, en este caso vinculadas a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, incumpliendo una medida, una decisión de la Corte, que es su intérprete legítimo por naturaleza”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Por lo tanto, por ambos lados, hay un incumplimiento del mandato de la Corte Interamericana, es decir, nos hace responsables de la entrada en vigencia de esta ley. Por lo tanto, por cualquiera de los dos sentidos, ahora le corresponde la tarea al Poder Judicial”, apuntó.
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Criticó, igualmente, que en el Ejecutivo se promulguen las normas de manera inmediata, sin ningún tipo de análisis crítico de lo que produce el Legislativo. Recordó que el pronunciamiento de la Corte Interamericana estaba dirigido tanto al Ejecutivo como el Parlamento.
“Hay una decisión de la Corte en seguimiento del caso Barrios Altos y La Cantuta en el que la Corte Interamericana le pide a los tres estamentos del Estado, en este caso el Congreso muy claramente lo ha mencionado, para impedir que esto se vote en el Parlamento y se apruebe en el Parlamento, pero una vez que pase ese filtro también el pedido de la Corte Interamericana estaba dirigido al Ejecutivo explícitamente para que no hiciera ninguna medida que permitiera que entrara en vigencia esta norma, es decir, le daba en términos generales el lineamiento final que tendrían que cumplir”, manifestó.
El órgano judicial respondió a la mandataria y al Congreso recordándoles sus obligaciones a nivel internacional de garantizar justicia, en relación con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad que aprobó la Comisión Permanente. pic.twitter.com/9gR8vKs4oF
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Inaplicación de la norma
Montoya Vivanco mostró, asimismo, su esperanza en que los sectores importantes del Ministerio Público y de la Corte Suprema inaplicarán esta norma en cada caso concreto y confió en que harán un control de constitucionalidad y convencionalidad.
“El Poder Judicial será el que de manera clara y creo que ellos pueden leerlo mejor, creo que todos lo pueden leer perfectamente bien, pero digamos, creo que el Poder Judicial es igual que el Ministerio Público, no digo todo el Poder Judicial, no digo todo el Ministerio Público, pero sectores importantes del Ministerio Público, sectores importantes del Poder Judicial se han convertido como en el último reducto del control del poder”, refirió.
“Por lo tanto, yo tengo cierto optimismo en que estos sectores, especialmente de la Corte Suprema, no van a proceder a aplicar esta ley, la van a inaplicar en cada caso concreto, por su incompatibilidad con la Constitución y decisiones del propio Tribunal Constitucional, y por un control de convencionalidad, es decir, por la propia decisión de la Corte Interamericana, una de ellas de manera más o menos directa, y no es que las decisiones de la Corte en otros casos no vinculen al Perú; vinculan al Perú siempre”, expuso.
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Lavada de manos
El exintegrante de la Procuraduría estimó que lo que se vendría sería la promulgación de la ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 2002. Calificó como una “lavada de manos” que el Ejecutivo no haya observado dicha iniciativa.
“Yo entendería que sea por insistencia o sea por el propio Ejecutivo corresponderá su promulgación ya inminente. ¿Cómo se explica en términos de contenido? Sé que el Ministerio de Justicia había una posición respecto de la necesidad de observar, me parece, esa ley, pero aparentemente es en las capas más altas del Ministerio de Justicia o del Ejecutivo que se decidió, efectivamente, no emitir ningún pronunciamiento sobre ese punto”, indicó.
“Es simplemente lo que la gente llama otra vez una lavada de manos, es decir, un intento de decir: ‘yo no lo hice, lo hizo el Congreso’, pero queda claro que estaba en su potestad observar la ley claramente inconstitucional, inconvencional —si ustedes quieren llamarlo así— y, por lo tanto, correspondía ese tipo de actuación”, añadió.
Texto: WSV
Foto: Ideeleradio
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